El pasado 1 de octubre de 2021 entró en vigor la modificación de las tarifas del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (IEET) que establece el apartado 3 del artículo 5 de la Ley 5/2020, de 29 de abril.
El pasado 11 de julio, ha entrado en vigor la nueva Ley de Medidas de Prevención contra el Fraude Fiscal, que llevaba algunos meses diseñándose, y filtrándose algunos de sus contenidos más relevantes.
Uno de los temas más tratados en las páginas de la prensa económica en relación a los trabajadores que han pasado parte del año 2020 en situación de ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) debido a la pandemia, es la repercusión que esta situación podría tener a la hora de rendir cuentas con Hacienda.
El próximo 1 de julio entra en vigor la nueva normativa comunitaria, a efectos del IVA, relativa a la localización de las ventas electrónicas (e-commerce). Esta reforma, que ya se aplazó seis meses por causa de la crisis sanitaria, tiene las siguientes características:
Como cada año, por estas fechas, el BOE recoge las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero, que constituyen las líneas maestras de la actuación de la administración tributaria en materia de prevención del fraude fiscal.
Una de las modificaciones fiscales más comentadas que incorporará la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 es la que corresponde al tratamiento de los dividendos y plusvalías derivados de la transmisión de sociedades participadas (filiales).
En las circunstancias actuales de incertidumbre es posible que nos encontremos con un incremento en las dificultades de cobro de algunas de nuestras facturas. Desgraciadamente estas situaciones son a veces imprevisibles y, en algunos casos, pueden significar retrasos importantes en el cobro, cuando no la determinación del saldo como incobrable.
Recientemente se ha publicado en el DOGC el Decreto Ley 36/2020, previsto para realizar dos modificaciones tributarias muy concretas, pero de amplia repercusión, motivadas por las consecuencias colaterales de la crisis sanitaria que estamos viviendo.
A menudo nuestras empresas incurren en gastos en el extranjero que conllevan el pago de cuotas de IVA de terceros países que no se pueden desgravar en nuestras declaraciones de IVA periódicas (modelo 303).
Tal como informamos en su día en este blog, una de las medidas previstas por el Estado durante la crisis sanitaria de los últimos meses fue la concesión de aplazamientos de pago, fundamentalmente aplicables a los impuestos correspondientes al primer trimestre (a presentar durante el mes de abril), para empresas con facturación inferior a 6.010.121,04 euros.
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