El Consejo de Ministros aprobó el pasado diciembre, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un real decreto que desarrolla el Registro de Contratos Alimentarios de carácter digital
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19, paralelamente con las medidas adoptadas por las diferentes administraciones, ha afectado en mayor o menor medida a los niveles de producción y venta. Por este motivo, si nos dedicamos al comercio o a la producción de determinados productos, nuestra empresa deberá valorar si la situación generada ha repercutido en la valoración de sus materias primas o productos terminados, debido a múltiples causas, tales como:
A pesar de que el período de prescripción tributaria es de 4 años (a contar desde la fecha de la contabilización de la factura, en caso de gastos e ingresos, y desde la finalización de su vida útil contable, en el caso de inversiones), la reciente doctrina del TEAC, interpretando los correspondientes preceptos de la Ley General Tributaria, establece que, en el caso de empresarios, Hacienda puede pedir información con trascendencia tributaria correspondiente a los seis últimos ejercicios, ya que es el periodo establecido en la norma mercantil al respecto para la conservación de los documentos relacionados con la actividad.
Como hemos ido informando durante estas semanas en nuestra web, aquellas deudas con la Administración que estuvieran en plazo voluntario de pago antes del pasado 18 de marzo, quedaban suspendidos hasta el 30 de mayo, según lo establecido por el RD-Ley 15/2020.
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