Se inicia una nueva campaña de incentivos por las cotizaciones generadas durante el 2018. El reconocimiento está centrado en el comportamiento de la siniestralidad de la empresa en comparación con la del sector al cual pertenece.
El pasado 19 de febrero, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en interés casacional estableciendo que excepcionalmente es posible impugnar la liquidación del IBI cuestionando el valor catastral determinado por un acto firme en vía de gestión catastral.
A menudo los propietarios de inmuebles en alquiler a través de sociedades mercantiles se plantean si su actividad puede disfrutar de algún incentivo especial, tal como sucede con los rendimientos de alquiler de viviendas por parte de personas físicas, que gozan, por norma general, de una reducción del 60% a los rendimientos obtenidos.
El cambio de domicilio requiere, en la mayoría de los casos, una comunicación fehaciente a las diversas Administraciones Públicas, a fin de que las notificaciones sean remitidas a la dirección actual del interesado, para permitir que este tenga constancia de las mismas, y no perder las oportunidades de defensa que les proporcionan las diferentes normas.
Cobrar la prestación de jubilación y trabajar a la vez es posible, en determinados casos y cumpliendo unos requisitos concretos. Explicamos, a rasgos generales, en qué casos se puede compatibilizar trabajo y pensión de jubilación.
Muy a menudo nos encontramos que, cuando trabajamos de subcontratistas para una empresa principal, esta nos solicita una serie de documentación que, de no entregarla, puede suponer que la empresa principal nos retenga el pago, e incluso, nos amenace de dejar de trabajar con nosotros.
Resumen de las noticias más destacadas en el ámbito del asesoramiento de empresas y particulares. Semana del 5 de abril de 2019.
La Generalitat de Catalunya acaba de publicar en su Diario Oficial dos órdenes aprobando las bases para la concesión de sendas líneas de ayudas que pretenden fomentar la inversión productiva en el sector industrial catalán.
El próximo 16 de junio entrará en vigor la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que, incluso desde antes de su aprobación, ha sido popularmente denominada, con desacierto, “nueva ley hipotecaria”.
El objeto de este nuevo real decreto ley es la aprobación de medidas de protección social destinadas a los colectivos más vulnerables, de fomento del empleo para determinados colectivos especialmente sensibles a la inestabilidad laboral y al desempleo, e incluye también determinadas disposiciones dirigidas a establecer el registro de la jornada de trabajo, a efectos de garantizar el cumplimiento de los límites en materia de jornada, de crear un marco de seguridad jurídica tanto para personas trabajadoras como para las empresas, y de posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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