La obligación de cierre supone, pues, para los establecimientos afectados, la paralización completa de la actividad económica y, con ello, la imposibilidad de obtener nuevos ingresos con los que afrontar regularmente sus compromisos económicos.
Desde GRUP GESTIÓ les queremos informar que estamos a la espera de que las autoridades gubernamentales publiquen la normativa que regule las posibles medidas de ayuda para que las empresas puedan superar la situación excepcional que el Covid-19 está provocando
Les adjuntamos las recomendaciones publicadas ayer por el Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña con la finalidad de llevar a cabo actuaciones preventivas para evitar los posibles efectos del coronavirus.
El Tribunal de Justicia declara que la cláusula de referencia al IRPH queda sometida al control de transparencia y puede ser anulada si no cumple sus requisitos.
La banca española recibe otro revés de las instituciones europeas con el informe del día 10 de septiembre por el Abogado General del TJUE, en el que dictamina que el uso del IRPH como variable puede ser anulado por falta de transparencia en su comercialización.
El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre la relación entre la naturaleza catastral de las fincas y la base imponible del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). El Supremo concluye que las liquidaciones de IBI anteriores a la sentencia de 30 de mayo de 2014 no pueden impugnarse por causa de nulidad si se liquidaron como urbanas, aunque según la posterior jurisprudencia hubieran de considerarse rústicas.
El panorama legislativo en materia de arrendamientos ha sufrido un nuevo zarandeo con la derogación, el pasado 26 de junio, del Decreto Ley 9/2019, de 21 de mayo, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda. Al igual que sucedía hace unos meses con la reforma del alquiler impulsada por el gobierno central, la norma del ejecutivo catalán, que desde su promulgación ya había merecido el rechazo de la oposición y de numerosas entidades sociales, no ha contado con el apoyo suficiente para su validación por el Parlamento catalán.
Muy a menudo nos encontramos que, cuando trabajamos de subcontratistas para una empresa principal, esta nos solicita una serie de documentación que, de no entregarla, puede suponer que la empresa principal nos retenga el pago, e incluso nos amenace de dejar de trabajar con nosotros.
Es un hecho que existen empresas de "consulting" que se publicitan ofreciendo asesorar a las empresas "a coste cero" sobre la implantación de la nueva normativa en protección de datos con cargo a los fondos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Esta práctica conocida como "RGPD a coste 0" es completamente ilegal a parte de un acto de competencia desleal. Además es una situación que puede generar problemas fiscales y económicos a las pymes que contraten dichos servicios.
El DOGC publicó, el pasado 23 de mayo, el Decreto Ley 9/2019, de 21 de mayo, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, aprobado por el Gobierno catalán con el propósito de limitar el incremento de precios de los alquileres en las zonas de fuerte demanda.
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