Como explicamos en su momento, el pasado 1 de mayo de 2020 entraron en vigor las medidas fiscales derivadas de la aprobación de los presupuestos generales para dicho año, entre las que había varias modificaciones respecto del Impuesto sobre Sucesiones.
El principal escollo para la plena efectividad del régimen de la segunda oportunidad en España siempre ha sido que, a diferencia de otros países de nuestro entorno, la exoneración de las deudas no alcanzaba siempre la deuda pública (principalmente créditos tributarios y de la Seguridad Social). Sólo los deudores que podían satisfacer la deuda privilegiada y contra la masa, podían acceder a la exoneración directa de las deudas con Hacienda y Seguridad Social. En cambio, los que no podían satisfacer el crédito privilegiado y contra la masa en el curso del procedimiento, debían someterse a un plan de pagos durante 5 años y, al finalizar este plazo, accedían a la exoneración del resto de pasivo insatisfecho, pero sin que afectara esta exoneración a la deuda pública, que el deudor seguía obligado a pagar.
El pasado 12 de noviembre el Tribunal Supremo dio a conocer el texto íntegro de su decisión sobre cinco recursos de casación relativos a la cláusula de referencia al IRPH en los préstamos hipotecarios a interés variable, tras la sentencia dictada por el TJUE el 3 de marzo, en la que declaraba que estas cláusulas quedaban sujetas al control de transparencia y abusividad.
La Generalitat aprueba por decreto ley la rebaja obligatoria de la renta en los alquileres de locales afectados por medidas de suspensión o restricción de la actividad.
El Parlamento de Cataluña ha aprobado la Ley 11/2020, de 18 de septiembre, que pretende poner fin a la escalada experimentada en los precios de los alquileres de vivienda en los últimos años (escalada que la propia ley cifra en un incremento del 30 % en los últimos 5 años).
En su sentencia de 16 de julio de 2020, la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) vuelve a pronunciarse en contra de las prácticas de las entidades bancarias españolas y a desautorizar el Tribunal Supremo (TS), este vez, en relación a cuatro cuestiones: la distribución de los gastos de constitución de la hipoteca, la comisión de apertura, el plazo de prescripción de la acción de restitución y las costas de los procedimientos judiciales de reclamación.
El BOE ha publicado el Real Decreto Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos del transporte y la vivienda.
El pasado 19 de mayo de 2020 el Tribunal Supremo dictó una sentencia mediante la que se modifican los criterios interpretativos referentes al cálculo del ajuar doméstico del causante a efectos del Impuesto sobre Sucesiones.
El gobierno ha dictado una regulación para salir al paso de las afectaciones que la crisis sanitaria ha ocasionado en los contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Desde GRUP GESTIÓ queremos dar respuesta en estos momentos a aquellas preguntas que, como empresarios, os podéis estar haciendo sobre el tratamiento de datos de salud.
SEGUEIX-NOS