El pasado 23 de marzo de 2017 el Tribunal Supremo estableció en una sentencia que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la jornada diaria de toda la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y los horarios pactados, y que solo tienen que llevar un registro de la horas extras realizadas.
Esta es la interpretación del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, estimando de esta forma el recurso interpuesto por Bankia contra una sentencia de la Audiencia Nacional del 4 de noviembre de 2014, que condenaba a la entidad bancaria a establecer un sistema de registro de la jornada diaria efectiva de toda su plantilla.
El Tribunal Supremo entiende que convendría una reforma legislativa que aclarase la obligación de llevar un registro horario y facilite a los trabajadores probar la realización de horas extraordinarias, pero como esta obligación aún no existe, los tribunales no pueden imponer a la empresa el establecimiento de un complicado sistema de control horario que tendría que registrar tanto la entrada y la salida de los trabajadores, como el desarrollo de la jornada efectiva de trabajo, ya que existen múltiples variantes como diferentes jornadas, trabajo efectuado fuera del centro de trabajo, distribución irregular de la jornada a lo largo del año cuando se pacte, etc.
Considera que no obligar a las empresa a llevar un registro de la jornada diaria de los trabajadores no deja a estos indefensos a la hora de probar la realización de horas extraordinarias, ya que la empresa le tendrá que notificar a final de mes el número de horas extraordinarias realizadas, lo que permitirá reclamar delante esta comunicación. A efectos de prueba, aun que no se presume la realización de horas extraordinarias si no se lleva su registro, esta presunción irá contra la empresa cuando el trabajador pruebe que sí las realizó, precisamente por la inexistencia de este registro.
En cualquier caso, hace falta tener presente que las empresas si tendrán que llevar un registro de la jornada de los trabajadores a tiempo parcial, obligación que existe desde diciembre de 2013.
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